EL ESTADO COLOMBIANO ESTORSIONA

El estado Colombiano persigue a los delincuentes que extorsionan, pero el mismo Estado cuando se trata de favorecer una multinacional hace tambien las veces de un delinceunte, digo esto por que en Ibague se busca realizar un consulta al pueblo para que defina si se debe seguir con la explotación de oro en el Departamento o por el contrario esto debería parar ante el echo de los males que se le ocasionan al medio ambiente y a la población en el caso de el acueducto y agua potable, pues se ha llegado al cinismo de amenazar al Alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo con abrirle una investigación si sigue con este propósito, he aqui las declaraciones del mandatario Tolimense.

"A mí me eligieron para defender este territorio, nuestro territorio y es lo que voy a hacer" afirma Guillermo Alfonso Jaramillo, alcalde de Ibagué, al hablar sobre la consulta popular que, de hacerse, preguntaría a los habitantes de Ibagué la siguiente pregunta: “¿está usted de acuerdo sí o no en que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio?”.

Antes, sin embargo, Jaramillo debe lograr que la consulta sea aprobada por más de la mitad de los 19 concejales que conforman el Concejo de la ciudad. El proceso es importante si se tiene en cuenta que, según cifras del Ministerio de Minas y Energía, en Ibagué hay 98 títulos mineros de los cuales 77 están en fase de explotación y 11 en fase de exploración. Además, de esos 98, 61 son usados para extraer materiales de construcción, 33 metales preciosos y en cuatro se hacen otros tipos de minería.

En el Tolima hay autorizados 596 títulos. De estos 334 están en etapa de explotación, 115 de exploración y 147 en proceso de montaje. Hay 590 solicitudes de contratos de concesión, 127 solicitudes de legalización y nueve títulos pendientes de ser aprobados en áreas de reserva especial en Ibagué Ataco, Anzoátegui, Mariquita, San Sebastián y Chaparral.

Esto muestra que de la totalidad de títulos mineros en el departamento Ibagué tiene el 16,4%. Por eso, suponer que lo que se disputará el lunes 29 de febrero, fecha en la que el Concejo votará a favor o en contra de la consulta popular, se reduce a la permanencia de la empresa AngloGold Ashanti en la región es minimizar una discusión en la que lo que se debate es hasta dónde llega la participación de los municipios en las decisiones sobre el uso de su territorio.

La capital contra la capital

Camilo Delgado, presidente del Concejo de Ibagué, explicó Semana Sostenible que aunque al comienzo muchos de los concejales apoyaban la consulta desde el 8 de febrero de 2016 el miedo ha creado dudas. Ese día el alcalde recibió un oficio de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, en el que le informaba que la Procuraduría iba a iniciar un acompañamiento preventivo a la consulta. Además, en el documento Castañeda explica detalladamente por qué los municipios pueden hacer concertaciones sobre proyectos mineros, más no consultas populares.

El pasado jueves 25 de febrero el mismo Delgado recibió un nuevo oficioen el que Piedad Angarita, coordinadora de la Procuraduría, reitera lo dicho por la viceprocuradora en el oficio anterior y hace énfasis en que a mediados de septiembre de 2014 ella misma le había enviado un oficio al entonces presidente del Concejo de Ibagué, Flavio William Rosas, que explicaba por qué los alcaldes o concejos locales no podían convocar o aprobar una consulta popular que tuviera que ver con la presencia de actividades extractivas en sus regiones.

Estos oficios, afirma Delgado, tienen a los concejales "tensos y han hecho que no sepan que hacer ante estas amenazas del estado que debería acompañarlos"